¿Has oído hablar de la nueva Ley del canal de denuncias pero no sabes muy bien en qué consiste? Hoy te hacemos un breve resumen en el que te explicamos sus objetivos, a quién protege y quién está obligado a acatarla.
Esta nueva normativa obliga a las entidades de 250 o más trabajadores a disponer de un canal de denuncias a partir del 13 de junio de este año. Y a partir del 1 de diciembre será obligatorio también para empresas entre 50 y 250 empleados y municipios de menos de 10.000 habitantes. Queda una semana, sí. De modo que si no estás al corriente, lee este artículo porque puede resultarte de interés.
Objetivos de la nueva ley del canal de denuncias
Garantizar la adecuada protección de aquellas personas que deciden dar el paso y denunciar acciones ilícitas o infractoras dentro de las organizaciones. Ya sean empresas privadas u organismos públicos. Y asegurar que no recibirán ningún tipo de represalia como: despidos, no ser ascendidos o ser degradados entre otras.
También recoge una serie de medidas de apoyo específicas para los informantes, como: asesoramiento integral y gratuito, apoyo financiero y psicológico.
A través de este objetivo, se busca promover la denuncia interna a través de los canales de denuncia, ayudando a prevenir la comisión de delitos o infracciones dentro de las organizaciones y promover una cultura ética.
Pero ¿qué se puede denunciar? Cualquier acción u omisión que pueda constituir una infracción del Derecho de la UE (las recogidas en el anexo de la Directiva Whistleblowing, las que afecten a intereses financieros de la UE y las que incidan en el mercado interior). Así como acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave.
A quién protege la ley del canal de denuncias
La ley del canal de denuncias protege a cualquier informante que trabaje en el sector privado o público y que haya obtenido información sobre infracciones dentro de un contexto laboral o profesional.
Tanto si se trata de empleados públicos, como trabajadores por cuenta ajena, autónomos, accionistas o directivos, voluntarios, becarios o trabajadores en períodos de formación o en un proceso de selección.
Y además se contempla el carácter retroactivo. Es decir, que también protegerá a quienes comuniquen infracciones en el marco de una relación laboral o estatutaria ya finalizada.
Qué entidades están obligadas a tener un canal de denuncias
Empresas de 50 o más empleados.
Empresas de cualquier tamaño que operen en: el mercado financiero, protección del medio ambiente o seguridad del transporte.
Empresas con un volumen de negocios igual o superior a 10 millones de euros.
Administraciones y entidades públicas (tanto del Estado como de las CC. AA. y la administración local) y órganos constitucionales.
Universidades públicas.
Corporaciones de Derecho público.
Partidos políticos, sindicatos, patronales y fundaciones.
En definitiva, la ley del canal de denuncias convierte a esta herramienta en un elemento fundamental para la lucha y prevención de las infracciones y delitos en las organizaciones.
Si tienes una empresa, no esperes a que se cumpla el plazo para la implementación del canal de denuncias y evita sanciones. En Bacaria Legal podemos asesorarte. ¡Llámanos!