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Nueva ley para regular la inteligencia artificial – Parte 2

En el anterior post del pasado 22 de marzo hablábamos sobre esta nueva ley de inteligencia artificial en lo que a aplicaciones prohibidas, exenciones de las fuerzas de seguridad y obligaciones para los sistemas de de alto riesgo se refiere. Hoy os contamos el resto sobre esta nueva regulación de inteligencia artificial.

Regulación y requisitos de transparencia

Los sistemas de IA de uso general y los modelos en los que se basan deben cumplir ciertos requisitos de transparencia, respetar la legislación de la UE sobre derechos de autor y publicar resúmenes detallados del contenido usado para entrenar sus modelos. Los modelos más potentes que podrían plantear riesgos sistémicos deberán cumplir requisitos adicionales, como realizar evaluaciones de los modelos, analizar y mitigar los riesgos sistémicos e informar sobre los incidentes.

Además, las imágenes, contenidos de audio o de vídeo artificiales o manipulados («ultrafalsificaciones») deberán etiquetarse claramente como tales, según indica la regulación.

Medidas de apoyo a la innovación y a las pymes

Habrá que poner a disposición de las pymes y de las empresas emergentes espacios controlados de pruebas y ensayos en condiciones reales a nivel nacional para que puedan desarrollar y entrenar la IA innovadora antes de su comercialización.

Próximos pasos

El Reglamento aún está sujeto a una última comprobación jurídica-lingüística. Su aprobación definitiva (mediante el llamado procedimiento de corrección de errores) está prevista para antes del final de la legislatura. La ley también debe ser adoptada formalmente por el Consejo.

Entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial y será de plena aplicación veinticuatro meses después de su entrada en vigor, con excepción de: las prohibiciones de prácticas (se aplicarán seis meses después de la fecha de entrada en vigor); los códigos de buenas prácticas (nueve meses después); las normas sobre la IA de uso general, incluida la gobernanza (doce meses después), y las obligaciones para los sistemas de alto riesgo (treinta y seis meses después).

Conferencia sobre el Futuro de Europa

La Ley de Inteligencia Artificial responde directamente a las propuestas de los ciudadanos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, más concretamente a la propuesta 12(10), relativa a la mejora de la competitividad de la UE en sectores estratégicos, la propuesta 33(5), sobre una sociedad segura y fiable, incluida la lucha contra la desinformación y la garantía de que las personas tengan el control final, la propuesta 35 sobre la promoción de la innovación digital, (3) la garantía de la supervisión humana y (8) un uso fiable y responsable de la IA, el establecimiento de salvaguardias y la garantía de transparencia, y la propuesta 37(3), sobre el uso de la IA y las herramientas digitales para mejorar el acceso de los ciudadanos a la información, incluidas las personas con discapacidad.

 

 

 

 

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La Eurocámara aprueba una ley de inteligencia artificial – Parte 1

En diciembre saltaba la noticia del acuerdo provisional de la Ley de Inteligencia Artificial a nivel Europeo. Se trata de la Propuesta  de Reglamento Europeo por el que se establecen normas armonizadas en materia de Inteligencia Artificial, que la Comisión Europea hizo el 21 de abril de 2021. Ante la presentación de esta propuesta, el día 6 de diciembre de 2022, el Consejo acuerda su posición sobre el Reglamento. Para que finalmente el 9 de diciembre de 2023, el Consejo y Parlamento han alcanzado un acuerdo, respecto a este.

Este mes de marzo se aprobó  la Ley de Inteligencia Artificial, que garantiza la seguridad y el respeto de los derechos fundamentales al tiempo que impulsa la innovación.

Entra en vigor 20 días después de su publicación y plena aplicación a los dos años. Para las practicas prohibidas (6 meses tras la entrada en vigor). Los códigos de buenas prácticas (9 meses). Las normas sobre la IA de uso general, incluida la gobernanza (12 meses). Y las obligaciones para los istemas de alto riesgo (36 meses).

Su objetivo es proteger los derechos fundamentales, la democracia, el Estado de derecho y la sostenibilidad medioambiental frente a la IA que entraña un alto riesgo, impulsando al mismo tiempo la innovación y erigiendo a Europa en líder del sector. El Reglamento fija una serie de obligaciones para la IA en función de sus riesgos potenciales y su nivel de impacto.

Aplicaciones prohibidas inteligencia artificial

Las nuevas normas prohíben ciertas aplicaciones de inteligencia artificial que atentan contra los derechos de la ciudadanía. Como lo son los sistemas de categorización biométrica basados en características sensibles y la captura indiscriminada de imágenes faciales de internet. Así como grabaciones de cámaras de vigilancia para crear bases de datos de reconocimiento facial.

También se prohibirán el reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo y en las escuelas, los sistemas de puntuación ciudadana, la actuación policial predictiva y la IA que manipule el comportamiento humano o explote las vulnerabilidades de las personas.

Exenciones de las fuerzas de seguridad 

El uso de sistemas de identificación biométrica por parte de las fuerzas de seguridad queda prohibidosalvo en situaciones muy concretas. Los sistemas de identificación biométrica «en tiempo real» solo se podrán emplear si se cumplen una serie de salvaguardias estrictas. Por ejemplo, su uso se limita a un período y lugar específicos y cuenta con una autorización judicial o administrativa previa. Entre estos casos pueden figurar la búsqueda selectiva de una persona desaparecida o la prevención de un atentado terrorista.

Obligaciones para los sistemas de alto riesgo

También se prevén obligaciones claras para otros sistemas de IA de alto riesgo. Algunos ejemplos de usos de alto riesgo de la IA son las infraestructuras críticas, la educación y la formación profesional. El empleo, los servicios públicos y privados esenciales (la sanidad o la banca), determinados sistemas de las fuerzas de seguridad, la migración y la gestión aduanera, la justicia y los procesos democráticos.

Estos sistemas deben evaluar y reducir los riesgos, mantener registros de uso, ser transparentes y precisos y contar con supervisión humana. Los ciudadanos y ciudadanas tendrán derecho a presentar reclamaciones sobre los sistemas de IA y a recibir explicaciones sobre las decisiones basadas en ellos que afecten a sus derechos.

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Nueva Ley General de Telecomunicaciones

¿Cuántas veces por semana recibes llamadas de operadores regalándote un televisor a cambio de contratar un servicio? Demasiadas, ¿verdad? Este tipo de situaciones tan cotidianas y molestas se van a regularizar gracias a la Nueva Ley General de Telecomunicaciones que además de incentivar las inversiones de los operadores, tiene como principal objetivo mejorar la protección de los usuarios.

Hoy te contamos las principales modificaciones que propone este nuevo Proyecto de Ley tanto para operadores como para usuarios. ¿Vamos a ello?

 

Principales modificaciones

Operadores

Se crea un marco más adecuado para la realización de inversiones para el despliegue de redes de nueva generación, que permita ofrecer servicios innovadores y tecnológicamente más adecuados a las necesidades de los ciudadanos.

Establece que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, a la hora de imponer obligaciones y condiciones de acceso a las redes debe tener en cuenta el riesgo inversor de los operadores.

Se promueve un uso más eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico mediante la generalización de los principios de neutralidad tecnológica (utilización de cualquier tecnología) y de servicios (prestación de cualquier servicio).

Respecto a la designación de operador encargado de la prestación del servicio universal, se establece el mecanismo de licitación, mientras que hasta ahora sólo se acudía a este mecanismo si había varios interesados que así lo habían manifestado tras un proceso de consulta.

Además, los operadores que pongan su red a disposición de otras entidades para la realización de emisiones radioeléctricas deberán comprobar, previamente al inicio de dichas emisiones, que estas entidades dispongan del correspondiente título habilitante del dominio público radioeléctrico, lo que constituye una importante medida para evitar las emisiones ilegales de radio y televisión.

Usuarios

Las modificaciones introducidas refuerzan los derechos de los usuarios y su protección. Así, se establece que los usuarios finales tendrán derecho a recibir mayor información sobre las características y condiciones de provisión de los servicios y sobre la calidad con que se prestan (precios, limitaciones de las ofertas, etcétera).

También se protegen de modo más eficaz los datos de carácter personal. Por ejemplo, se aplican las normas de protección de datos a aquellos que se obtengan de las etiquetas de los productos comerciales mediante dispositivos de identificación que hacen uso del espectro radioeléctrico (RFID). Además, establece que se debe dar más información al usuario sobre los archivos o programas informáticos («cookies») que se almacenan en los ordenadores y demás dispositivos empleados para acceder a Internet con el propósito de facilitar la navegación por la red.

La nueva normativa precisa que el cambio de operador manteniendo el número (portabilidad) deberá realizarse en el plazo de un día laborable. Asimismo, mejora el acceso a los servicios para personas con discapacidad o con necesidades sociales especiales, estableciendo que deberá ser en condiciones equivalentes al del resto de los usuarios.

¿Qué cambia con la nueva Ley General de Telecomunicaciones?

Las empresas no podrán llamar a los usuarios con fines comerciales sin un consentimiento previo.

¿Qué pasa si me llama una teleoperadora fuera del hora establecido?

En el marco de la Ley de Defensa de los consumidores y Usuarios, el incumplimiento de esta norma llevaría a la apertura de un expediente sancionador. También abría la posibilidad de presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos que en función de la gravedad, reincidencia, usuarios afectados, etc impondría sanción».

Una norma principal que regula de forma uniforme y omnicomprensiva el sector de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Quedando excluidos de su regulación los servicios de comunicación audiovisual y los servicios de la Sociedad de la Información.

 

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3 claves de la Nueva Ley del Canal de denuncias

¿Has oído hablar de la  nueva Ley del canal de denuncias pero no sabes muy bien en qué consiste? Hoy te hacemos un breve resumen en el que te explicamos sus objetivos, a quién protege y quién está obligado a acatarla.

Esta nueva normativa obliga a las entidades de 250 o más trabajadores a disponer de un canal de denuncias a partir del 13 de junio de este año. Y a partir del 1 de diciembre será obligatorio también para empresas entre 50 y 250 empleados y municipios de menos de 10.000 habitantes. Queda una semana, sí. De modo que si no estás al corriente, lee este artículo porque puede resultarte de interés.

 

Objetivos de la nueva ley del canal de denuncias

Garantizar la adecuada protección de aquellas personas que deciden dar el paso y denunciar acciones ilícitas o infractoras dentro de las organizaciones. Ya sean empresas privadas u organismos públicos. Y asegurar que no recibirán ningún tipo de represalia como: despidos, no ser ascendidos o ser degradados entre otras.

También recoge una serie de medidas de apoyo específicas para los informantes, como: asesoramiento integral y gratuito, apoyo financiero y psicológico.

A través de este objetivo, se busca promover la denuncia interna a través de los canales de denuncia, ayudando a prevenir la comisión de delitos o infracciones dentro de las organizaciones y promover una cultura ética.

Pero ¿qué se puede denunciar? Cualquier acción u omisión que pueda constituir una infracción del Derecho de la UE (las recogidas en el anexo de la Directiva Whistleblowing, las que afecten a intereses financieros de la UE y las que incidan en el mercado interior). Así como acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave.

A quién protege la ley del canal de denuncias

La ley del canal de denuncias protege a cualquier informante que trabaje en el sector privado o público y que haya obtenido información sobre infracciones dentro de un contexto laboral o profesional.

Tanto si se trata de empleados públicos, como  trabajadores por cuenta ajena, autónomos, accionistas o directivos, voluntarios, becarios o trabajadores en períodos de formación o en un proceso de selección.

Y además se contempla el carácter retroactivo. Es decir, que también protegerá a quienes comuniquen infracciones en el marco de una relación laboral o estatutaria ya finalizada.

 

Qué entidades están obligadas a tener un canal de denuncias

Empresas de 50 o más empleados.

Empresas de cualquier tamaño que operen en: el mercado financiero, protección del medio ambiente o seguridad del transporte.

Empresas con un volumen de negocios igual o superior a 10 millones de euros.

Administraciones y entidades públicas (tanto del Estado como de las CC. AA. y la administración local) y órganos constitucionales.

Universidades públicas.

Corporaciones de Derecho público.

Partidos políticos, sindicatos, patronales y fundaciones.

 

En definitiva, la ley del canal de denuncias convierte a esta herramienta en un elemento fundamental para la lucha y prevención de las infracciones y delitos en las organizaciones.

Si tienes una empresa, no esperes a que se cumpla el plazo para la implementación del canal de denuncias y evita sanciones. En Bacaria Legal podemos asesorarte. ¡Llámanos!